El Comité de Bioética de España se ha posicionado sobre la epidemia de COVID-19 y los dilemas que viene planteando por la escasez de recursos para atender a los afectados, señalando que ha de ser el gobierno, y no las sociedades científicas, quien genere criterios de priorización. En este sentido, reconociendo que puede justificarse un criterio de asignación basado en la capacidad de recuperación del paciente, "se debe prevenir la extensión de una mentalidad utilitarista o, peor aún, de prejuicios contrarios hacia las personas mayores o con discapacidad". Por ello, considera el término "utilidad social", empleado en alguna de las recomendaciones publicada, "extremadamente ambiguo y éticamente discutible, porque todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad". Aboga, en cambio, por la equidad como principio rector y considera que estaría justificado dar prioridad a sanitarios en el acceso a los recursos disponibles, ya que protegiendo al colectivo se protege a la sociedad y que el principio de justicia ampara la decisión de priorizar a quienes han expuesto su salud en beneficio de otros. Comentario de Soledad Valle en El Mundo.